LA ENTREVISTA

Ha Despojado Gobierno a la Sociedad de la Política •Gabriel Salgado, presidente de Formación y Cambio Ciudadano, hizo un llamado a la población para que tenga una mayor participación en las decisiones de asuntos que le atañen •La política tiene que ejercerla quien es apto, quien tiene vocación de servicio, más allá de salarios o de puestos, dijo •Le gustaría ser candidato a gobernador

Francisco BUENROSTRO

“Hemos sido despojados como sociedad de la política por los gobiernos y por las jerarquías partidarias”, aseguró el presidente de la asociación civil Formación y Cambio Ciudadano A.C., Gabriel Salgado Aguilar. En entrevista con el director general de Diario de Colima, Héctor Sánchez de la Madrid, el también abogado aclaró que la política es de los ciudadanos y los convocó, de manera muy respetuosa, pero enérgica, para que salgan a apropiarse de la política.Afirmó Salgado Aguilar que la política en los partidos y en los gobiernos no es política, “no nos enredemos, lo que hacen es una función pública o burocrática, que, en el mejor de los casos, si la hacen bien, pues están bien pagados también”. Señaló que la política tiene que ejercerla quien es apto, quien tiene vocación de servicio, más allá de salarios o de puestos. “La política es de la ciudadanía y es lo que estará promoviendo nuestra asociación, con mucho respeto, que participemos todos los ciudadanos en política y, sobre todo, estaremos buscando a todas las organizaciones civiles para que nos integremos y hagamos política”.HOMBRE DE TRAYECTORIAGabriel Salgado Aguilar aclara que habla con conocimiento de causa, ya que fue funcionario federal en la Secretaría de Hacienda; así como diputado federal y local; además de candidato a todos los puestos de elección popular, entre ellos dos veces para gobernador. También fue dirigente del PAN en la entidad, además de consejero estatal y nacional del albiazul.Luego de 25 años como militante activo se retiró del Partido Acción Nacional, según señala, porque se cansó de insistir en proyectos y programas de trabajo que el propio partido establece, pero que no hay gente que quiera realizarlos, asegura.Admitió que el PAN tiene buenos programas, principios e ideales, pero, afirma, se encuentra secuestrado, al igual que el resto de los partidos, pues la gente que está al frente de los institutos políticos trabaja en paralelo, porque, agrega, una cosa son sus estatutos y otra muy diferente la que ellos hacen.“Hay personas de buena fe en ese partido que me han pedido que regrese, pero de ninguna manera volvería a las filas de Acción Nacional”, dijo tajante Salgado Aguilar.MILITANTES DE PARTIDOSACTÚAN DE BUENA FEOfreció disculpas a todos los militantes de los diferentes partidos políticos, porque ellos, dijo, actúan de buena fe, pero son los dirigentes los que tienen objetivos y conductas perversas.La política, insistió, ha sido secuestrada por los prominentes funcionarios públicos y los dirigentes de los partidos, quienes actúan por una paga y, recalcó: la política no se hace por paga sino por vocación. Entendamos que ellos ven las cosas en forma muy diferente, porque no producen nada, sino que es el pueblo el que vive los problemas en carne propia.Hizo un llamado a las asociaciones civiles para que asuman su papel y que tengan la responsabilidad social corporativa, todos los liderazgos de empresas, de asociaciones, de sociedades; “pero que entiendan que la política la tienen que fijar los ciudadanos.“Yo convoco a que muchos ciudadanos participen en política, porque ellos no tienen lazos ni compromisos creados con grupo en el poder y así cuando llegaran ellos se dedicarían realmente a servir a la sociedad civil”, agregó. LE GUSTARÍA SER GOBERNADORA la pregunta de si le gustaría ser candidato a gobernador, abanderando las causas de la sociedad civil, contestó: “Por supuesto que me gustaría y ser un candidato, ya sea independiente o por algún partido menor que tenga confianza en una persona como yo, pero sí me gustaría que mi candidatura fuera fruto de un proceso previo de elección democrática”.Afirmó que en caso de llegar a ser mandatario estatal, bajaría los sueldos y los integraría, para que se dieran a conocer las percepciones salariales reales de los servidores públicos; además de meterse a fondo en el sistema de pensiones y jubilaciones, para que, por ejemplo, no lleguen a pasar de 20 mil pesos mensuales.“Sólo somos unas 50 asociaciones ciudadanas las que trabajamos realmente en el estado, aunque son más de mil las que se tienen registradas, la mayoría recibiendo apoyo del gobierno, aunque sea pequeño”, indicó. Y recalcó: “Somos los ciudadanos los que observamos cómo se toman medidas que no son buenas y algunas otras que son componendas y arreglos de intereses con un gobierno que negocia algunas reformas electorales y que sacrifica a una institución de tanto prestigio como es el IFE a cambio de aprobar un impuesto, por ejemplo”.Hizo un llamado a la sociedad para que conozca la asociación Formación y Cambio Ciudadano, que se ubica en Calle del Trabajo 375-B, teléfono 330-70-20, e invitó a que se integren para aprender y enseñar, además de apoyarlos para hacer ese apostolado cívico, señaló, pero no para un partido, sino para la sociedad, que es la que debe ejercer el poder y debe ejercer la política.“Uno de nuestros fundamentos y objetivos básicos que tenemos en nuestra asociación es la promoción de la responsabilidad social y conciencia ciudadana; obviamente una responsabilidad social corporativa que existe en todo el mundo, pero que en México no tenemos esa cultura debido a los políticos en cuyas manos quedamos”, concluyó.

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Interpondrá Salgado Queja por la Concesión del Saneamiento •Afirma que fue irregular el proceso de adjudicación de la planta •Recurrirá al Tribunal Colegiado de Circuito de Guadalajara para revisión de amparos
Juan Carlos Flores Carrillo
Debido a que el proceso de adjudicación del servicio de saneamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) fue ilegal, el presidente de la Asociación Formación y Cambio Ciudadano, Gabriel Salgado Aguilar, interpondrá una queja ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la irregularidad en que incurrió el Gobierno del Estado.Salgado explicó que el titular del Ejecutivo, Silverio Cavazos Ceballos, disfrazó como contrato de servicios la concesión en los hechos de la PTAR, porque incurrió en una irregularidad, ya que se debió aprobar por los cabildos de Colima y Villa de Álvarez, además de que el gobernador debió firmar el contrato “y solamente está su signatura como testigo”. El simular la concesión, continuó Salgado, no lo exime al gobernador como presidente del consejo administrativo de la Ciapacov de cumplir con los requisitos que marca la Constitución del Estado y la Ley Estatal de Aguas.Para poder hacer una concesión, insistió, debe ser aprobada por las dos terceras partes de los cabildos y pasar por el Congreso, sobre todo cuando sobrepasa el tiempo de un período de gobierno, ya que el tiempo del contrato de la PTAR es a 20 años.Declaró que las autoridades fincaron en su argumento que el concesionario es el que pone las tarifas, “un ejemplo son los taxistas, que son una concesión de gobierno, ellos prestan el servicio y es el gobierno quien establece las tarifas”, aclaró. A su vez, informó que el juez segundo de distrito sobreselló 70 de los 450 amparos promovidos por la asociación Formación y Cambio Ciudadano A.C., sin embargo, insistirán en el Tribunal Colegiado de Circuito en Guadalajara, “eso apenas empieza”, advirtió.Aclaró que la justicia federal desestimó el argumento de que el gasto no le corresponde pagarlo a los ciudadanos de Colima y Villa de Álvarez, “este producto (el agua) que viene de Zacualpan, lo vende el gobierno, los ciudadanos lo pagan y lo utilizamos, ese volumen de agua que ya es nuestro, tenemos que desecharlo y el gobierno nos cobra por tirarlo por unas líneas de alcantarillado”.Detalló que la empresa privada que se dedica a sanearla no debería cobrar, porque no va acorde con las garantías de los ciudadanos, “ya pagamos por esa agua, y lo que hagan con ella sería cobrárnoslo doble o triple”, concluyó.

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Gobierno Actuó con Negligencia en el Caso de la Planta de Tratamiento •Salgado Aguilar: Es un error que cometieron y que nos cuesta a todos los usuarios •Estimó que para este mes se dé la resolución de los amparos •Prevé fallo a favor de los que se ampararon

Hugo Ramírez Pulido

El presidente de la Asociación Formación y Cambio Ciudadano A.C., Gabriel Salgado Aguilar, informó que el gobierno del estado realizó un acto grave de negligencia al no haber usado los recursos federales para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).“Pensando mal, se podría decir que al gobierno le conviene hacer más una obra con un privado que una obra donde me va a fiscalizar la Federación. Por supuesto que es una negligencia muy grave que nos cuesta a nosotros y no es justo”, explicó. Detalló que para el caso de la PTAR se le debe de pedir a la Contaduría Mayor de Hacienda que verifique y clarifique la licitación y los costos, ya que, en estados como Zacatecas, las plantas han resultado de menor costo, aun con mayor capacidad.En ese sentido, explicó que existe cierta confusión en la comisión para el problema del cobro por saneamiento, conformada por diputados, “resultó que se avocaron a estar enseñando legajos de hojas, todo se refería al cómo se licitó y cómo se concretó esa obra y sus costos”.Asimismo, dijo que además el gobernador estableció que su gobierno es transparente, “pero son palabras que tienen que corroborarse con los hechos, que es valioso y sano que los diputados se metan a ello”.Agregó que resulta importante identificar a quién le corresponde pagar la cuota de saneamiento, por lo que la asociación que dirige ha llevado a cabo más de 400 juicios, con la finalidad de que un juez federal verifique la legalidad y la procedencia de este tipo de cobros.Salgado Aguilar detalló que el servicio de agua lo pagan los colimenses al gobierno por haberlo entubado y hacerlo llegar a cada una de las casas.“El gobierno sabe que la compramos para usarla y por ende ensuciarla, pero el gobierno tira unos tubos por debajo de la tierra y nos cobra por tirarla, el cual es otro cobro por alcantarillado o drenaje”, explicó.En ese sentido, apuntó que posteriormente el gobierno y sus socios privados o particulares construyen la Planta de Tratamiento para sanear el agua y deciden regalarla para beneficiar de 15 a 20 mil hectáreas ubicadas en los municipios de Coquimatlán, Tecomán y Armería.Recalcó que el problema no es que el agua saneada se destine a los cultivos, sino que la gravedad radica en que el cobro se realice a los habitantes de la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez y no precisamente a quienes serán los beneficiados.“Por qué nos pasan la factura a nosotros; eso no es equitativo, lo que el gobierno pretende hacer con nosotros”, apuntó. Referente a los amparos, estimó que por la gran cantidad que hubo han tenido retrasos en los informes que se deben justificar, por lo que calculó que en la segunda quincena del mes de marzo ya se tenga el resolutivo. Finalmente dijo que se tiene previsto un fallo a favor de las personas que se ampararon.

Presentará denuncia penal y civil

Presentarán Denuncia Penal y Civil Contra Rodolfo Valdez •Gabriel Salgado: Formación y Cambio Ciudadano también interpondrá la querella por la vía administrativa contra el funcionario y la Ciapacov •Cuentan con 450 amparos en juicio contra cobro del saneamiento de aguas •Los ríos siguen contaminados, como lo ha demostrado la prensa, asegura

Penélope SANTOS CRUZ

La Asociación Formación y Cambio Ciudadano, mediante un proceso unánime, interpondrá mañana tres denuncias de carácter admi-nistrativo, civil y penal contra el director de la Ciapacov, Rodolfo Valdez Valdez, y contra la propia dependencia intermunicipal.Así lo dio a conocer el dirigente de la organización, Gabriel Salgado Aguilar, quien detalló que la denuncia por la vía administrativa será ante la Comisión de Acceso a la Información del Estado, luego de que el funcionario presuntamente violó la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima.Otra denuncia será por lo civil, por daño moral a la Asociación y de manera personal al dirigente Gabriel Salgado Aguilar, luego de que Valdez Valdez emitió declaraciones temerarias e inexactas, “declaró que yo como presidente y defensor de los usuarios era el mayor deudor en el estado”.Mencionó que también se presentará una demanda penal contra Rodolfo Valdez por “la presunta difamación y por ejercicio indebido de funcionarios”.Agregó que mintió Rodolfo Valdez, “aseguró que yo debía cerca de 30 mil pesos, mediante cuatro fincas, y que obviamente era el mayor deudor del estado, esto de ser cierto o no, el funcionario público no debe de dar datos personales que conforman el patrimonio del ciudadano”, explicó.Mencionó que el Código Penal del Estado de Colima en su Artículo 128, establece que comete el delito de ejercicio indebido “al hacer uso indebido de documentos o información a los que tenga acceso”.Añadió que la fracción cuarta y quinta marca una sanción de dos a siete años de prisión y una multa de hasta noventa unidades e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otra función pública.El Artículo 118 establece que se impondrá prisión de uno a tres años y multa de hasta por 40 unidades a quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause deshonra, descrédito.“Nos ha causado un descrédito y deshonra y la Ley dice de manera clara y contundente que las normas de protección de datos personales del estado de Colima se ha violentado”, sostuvo.El también abogado litigante detalló que el artículo cuarto dice que los servidores públicos que tengan acceso a archivos o datos de carácter personal estarán obligados a mantener la confidencialidad de los mismos y no darlos a conocer a terceros.El artículo sexto de esta misma ley establece: “la sesión de los datos de carácter personal o su comunicación a terceros se regirá por lo siguiente: toda sesión o comunicación a terceros deberá contar con el consentimiento del interesado”.Más adelante, citó el artículo séptimo: “las personas físicas o morales cuyos datos de carácter personal hayan sido integrados a un archivo tendrán los derechos siguientes… mismos que podrán ejercer a través de la ley de protección de datos personales”.Salgado Aguilar enfatizó que se tienen 450 amparos contra el cobro por el saneamiento de aguas y se señalan como responsables al gobierno del estado, al director de la Ciapacov y al Congreso del Estado.“Los dictámenes se han atrasado debido a que no han mandado los informes que el juez federal solicita, si no llegan a tiempo, se aplazan y difieren las audiencias”, comentó.Apuntó que se tiene confianza debido a que la justicia federal es clara y los objetivos para la cual fue creada”.Señaló que el cobro por saneamiento es indebido, pues los ríos y arroyos de Colima siguen contaminados, las pruebas son contundentes, los medios y las personas particulares lo pueden comprobar, el pueblo de Colima seguirá sufriendo la contaminación.Resaltó que el organismo operador actuó equivocadamente al crear el gasto para la instalación de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR).“Lo que tenían que haber hecho es cuidar que no se viertan aguas negras y contaminen los flujos de agua para que estos ríos no produzcan aguas que van a desembocar al río principal que llega hasta el mar”, dijo.Mencionó que el organismo tiene la facultad legal para multar, cancelar permisos, y exigir al ciudadano que no contamine y, en todo caso, el gobierno tendría que cuidar los ríos y multar a quien vierta aguas sucias a los ríos: “es tan sencillo que no comprendo el objetivo recurrir a la iniciativa privada y obligar a los ciudadanos a pagar 19 años una cierta cantidad”.Señaló que el tratamiento se hace río abajo “beneficiará a los productores, pero los que estamos pagando somos los ciudadanos que no vamos a recibir el beneficio”, denunció.Finalmente dijo que siguen las descargas en los cauces de los ríos “y seguirán contaminadas porque éstos pusieron su empresa allá abajo”.

DEMANDAS CONTRA CAVAZOS Y VALDEZ

Demandas Contra Cavazos y Valdez •Salgado: Violan la Ley de Protección de Datos Personales del Estado •Pide el pago de no menos de 750 mil pesos de indemnización por el daño moral que le causaron •La Ciapacov sabe que la contaminación sigue existiendo •La planta tratadora se instaló río abajo de las ciudades de Colima y Villa de Alvarez y no nos sirve de nada.

Penélope SANTOS CRUZ

Gabriel Salgado Aguilar, presidente de la Asociación Formación y Cambio Ciudadano, A.C., presentó una demanda ante el juez de lo civil en contra del gobernador del estado, Silverio Cavazos Ceballos, en su calidad de corresponsable y representante del estado y contra Rodolfo Valdez Valdez, en su carácter de director de la Ciapacov.En la demanda, Salgado Aguilar pide el pago de indemnización de no menos de 750 mil pesos a título de reparación de daño moral que los demandados han ocasionado por los hechos ilícitos por la publicación de datos y circunstancias relativas a su persona y a la sociedad civil.Esto luego de que el 10 de febrero en un medio de comunicación se publicara que Gabriel Salgado tiene adeudos con el organismo paraestatal de más de 28 mil pesos.Gabriel Salgado demanda por una difusión ilícita y además de no estar sujetos a la Ley de Transparencia Pública, “yo no soy servidor público, sino un ciudadano particular. Se necesita mi autorización expresa para divulgar información personal”.La Ley de Protección de Datos Personales del Estado indica de manera relevante que para dar a conocer un dato personal se requiere del consen-timiento expreso del particular, señala la demanda.La compensación que pide Gabriel Salgado, toma en cuenta el grado de responsabilidad de los demandados, la gravedad del daño ocasionado, los derechos lesionados y la situación económica de los responsables.En la demanda Salgado señala que “con una actitud totalmente fuera de toda lógica, respeto y congruencia, nosotros consideramos también de legalidad, el ciudadano director de Ciapacov, Rodolfo Valdez, procedió a proveer información para que se publicara, de todos los presuntos adeudos que tengo el suscrito, ocasionando con ello un severo descrédito y daño moral, no sólo a mi persona, sino también a la persona moral que represento, pues con ese carácter y en esa calidad, dicho funcionario emite su doloso comunicado, tal vez con el objeto de intimidar o desacreditar”.Añade que además se refieren a su persona en forma totalmente despectiva.En concreto -dice otra parte de la demanda- los demandados han cometido una conducta ilícita, consistente en la violación del artículo Sexto Constitucional, ya que en ejercicio excesivo y lesivo de la libertad de expresión e información, imputan en forma ilegal al suscrito hechos temerarios y declaran en forma despectiva sobre nuestra persona, atentando así en contra nuestra. Además de que violan la Ley de Protección de Datos Personales del Estado.También señala que “esta demanda fundamentalmente tiene su sustento en que, sin causa jurídica o material, ha sido lesionada en sus derechos la personalidad del suscrito y de la asociación que represento, así como afectados su honor y reputación, lo cual lesiona y afecta su integridad moral; situación que no debemos soportar el suscrito y la persona moral representada, pues acarrea consecuencias indeseables en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto pública como privada”.Por esto, entre otras cosas, Gabriel Salgado pide al juez de lo civil en turno emplazar a los codemandados para que contesten la demanda dentro del término de ley si tuvieren excepciones para ello, corriéndoles traslado de la demanda con las copias simples que se acompañan. DEMANDA ADMINISTRATIVAPreviamente, en punto de las 13:30 horas, Gabriel Salgado interpuso otra demanda, ésta de juicio administrativo, en contra del organismo operador Ciapacov y de su director Rodolfo Valdez Valdez, ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Colima. La recibió su secretario de acuerdos, Ricardo Alfaro de Anda.Salgado Aguilar junto con su representante legal Rocío Azucena Gómez Ramírez, manifiesta en la demanda que tanto Ciapacov como el gobernador decidieron proponer al Congreso del Estado la creación de un nuevo cobro, derecho o impuesto denominado saneamiento: “dicho cobro a criterio del suscrito y de esta asociación resulta totalmente injusto, desproporcionado e inequitativo, más allá de considerar que también adolece de falta de legalidad, por ser competencia de los municipios”.Añade que la Asociación considera necesario plantear estos antecedentes a la autoridad federal a través de la vía de amparos a fin de conseguir que dichos actos sean revisados y declarado si se ajustan totalmente a derecho conforme las garantías constitucionales que asisten a los gobernados y si no, se declare lo procedente.Recuerda también que la asociación interpuso más de 400 juicios de amparo, que se encuentran en trámite y en vías de resolverlos.En esta demanda Salgado retoma el hecho de que Rodolfo Valdez Valdez fue demandado por proveer información para que se publicara de todos los presuntos adeudos, publicada el pasado 10 de febrero.La conducta o hechos anteriores señalados, continúa la demanda, transgreden o violan diversas normas que tutelan y garantizan el respeto, legalidad y seguridad de todos los ciudadanos establecidas en la constitución, el código penal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Colima.Entrevistado luego de presentar esta demanda Salgado Aguilar, señaló que la Asociación busca proteger a la ciudadanía, mediante la enseñanza de los derechos y obligaciones. “Buscamos que el sector público, el gobierno municipal, estatal y federal, asuman su papel de respeto y actuación conforme a justicia”.“Ningún funcionario de ningún nivel así sea el propio presidente de la República debe darse por sentido, por molesto o por aludido y reaccionar de manera intimidante o tratando de lesionar los intereses de cualquier ciudadano en nuestro país que es México”, enfatizó.RECURSOS DE AMPAROSi más personas quieren ejercer el amparo para el pago de saneamiento, Salgado Aguilar dijo que los propios partidos políticos tienen recursos económicos y patrimonios propios mediante abogados y jurídicos que pueden promoverlos.“Los partidos en el poder como el PAN, PRD y los del PRI, no quieren defender a la ciudadanía, pues ellos sólo ven compromisos de otro tipo y me da tristeza que no han querido hacerlo por ignorancia, compromisos o intereses”.“Hay modo de seguir en la defensa de usuarios mediante despachos jurídicos gratuitos, me llama la atención que los partidos políticos que tienen representantes federales, no creo que no sepan, no quieren y no pueden por razones y compromisos”.Recordó que el grupo de abogados de la asociación ofreció a los de oposición ayudarles a integrar y formar el recurso de revisión constitucional y no quisieron hacerlo.MAL PROCEDIMIENTO Gabriel Salgado dijo que la Ciapacov tomó una medida equivocada “saben que la contaminación sigue existiendo y la seguimos sufriendo lo que debían de haber hecho, tanto el ayuntamiento como la Ciapacov, era ponerse de acuerdo con los usuarios de esta agua, porque se habla de que se beneficia a más de 15 mil hectáreas permitiendo buenos riegos y buenos frutos”.El presidente de la Asociación mencionó que la planta tratadora de las aguas se instaló río abajo de las ciudades de Colima y Villa de Alvarez.“No nos sirve de nada, pero a los productores les dará beneficio y les hubieran dicho: señores ahora les vamos a proporcionar un agua de calidad que va a servir para que produzcan y queremos que se mochen, queremos que paguen por metros cúbicos o por horas como se cobra el agua”. Insistió en que Colima y Villa de Alvarez siguen con contaminación, siguen los ductos no conectados a la laguna de oxidación, siguen las descargas a los ríos, se les rompen los tubos que ponen.Relató que Ciapacov y gobierno podrían obtener recursos multando o cobrando algún impuesto a quienes hacen descargas o que no cumplen la ley, “sobre todo cerrando las descarga de aguas contaminadas protegiendo la salud de las dos ciudades”.Se tienen los instrumentos legales con inspectores y policías para que vigilen los cauces de los ríos, las descargas de industrias y negocios grandes con sanciones y contribuciones, finalizó Salgado Aguilar.

Respuesta a Rodolfo Valdez Valdez

Notiecos/Colima.- El presidente de la asociación civil Formación y cambio ciudadano, Gabriel Salgado Aguilar, reconoció que desde hace tres años registra adeudos con la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, comprometiéndose a regularizar su situación “en cuanto haya lana”. En conferencia de prensa, Gabriel Salgado Aguilar, lamentó el cobro público que le hizo la Ciapacov a través de Ecos de la Costa; sin embargo, aseguró que este no sea motivo para detener sus críticas hacia el organismo operador e incluso pedir que sea auditado de manera externa. “Yo acepto que puedo deber esa cantidad y que puede ser más o puede ser menos, porque yo tengo algunas casitas, algunos predios y los doy en renta, pero cuando se da en renta un bien, el arrendatario – según dicen los contratos – se hace cargo de luz y del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento. De tal manera que la información es imperfecta y falsa”, sostuvo. Agregó: “yo tengo la certeza de que deber no creo que sea una vergüenza, ni un ilícito. Más de algún ciudadano en todo momento llegamos a tener deudas y más con el fisco y con el gobierno que nos cobra hasta los malos momentos que ellos viven”. ¿Cuántas propiedades tiene usted a su nombre?, se le preguntó. “No recuerdo, pero deben de ser tres o cuatro a mi nombre, en la ciudad. ¿De esas, todas tienen el servicio de agua? “Bueno, lo tenían suspendido dos y lo mandaron reconectar de manera unilateral por parte de Ciapacov y tengo algunas rentadas”. El corte se hizo obviamente por falta de pago, ¿verdad? “Seguramente sí, por falta de pago, pero son fincas solas que no están habitadas” Salgado Aguilar señaló que como cualquier ciudadano buscará regularizar su situación ante la Ciapacov , reconociendo que tiene atrasos con el organismo operador pero de propiedades que no están habitadas, no así de su domicilio particular, en donde asegura va al corriente, faltando por pagar el recibo de éste año. ¿Desde cuándo tiene el adeudo? “No tengo el dato, pero sobre todo porque (esas casas) no están habitadas”. ¿Hace cuánto que no estarán habitadas estas casas? “Pues deben tener unos dos años, tres años, una o dos fincas que no están habitadas y hay algunas habitadas pero rentadas. Yo reconozco que puedo deber eso y más, he debido y debo impuesto predial también, pero eso no es motivo, ni es el pleito”. ¿Para cuándo estaría usted regularizando la situación? “En cuanto haya lana, mi amigo, a eso no le veo motivo de controversia, pero habiendo lana finalmente pagaré los recargos y rezagos que me hagan (…) uno a veces no tiene lana y pues debe esperarse a tener dinero y pagar lo que debe y punto”. Pero se le van a incrementar los intereses, se le hizo notar. “Ah sí, pero hay que pagarlos, porque se incrementan no nada más los intereses, sino recargos, cobranza, rezagos, gasto de cobranza, intereses y creo que a eso estamos expuestos todos los ciudadanos”. Inicialmente Gabriel Salgado cuestionó que en la Ciapacov se esté diciendo que registra un adeudo cuando ni siquiera se dan domicilios de sus propiedades, reconociendo que su domicilio particular lo tiene en la colonia San Pablo, en donde para éste 2008 le fue facturado un recibo por un monto de 4 mil 074 pesos, en donde se contempla un cobro de 792 pesos por saneamiento, mismos que no ha pagado. Luego, señaló que la dirección de Rodolfo Valdez en Ciapacov; “es totalmente irregular y totalmente obscura”, cuestionando que uno de los domicilios que menciona y en el cual supuestamente tiene un adeudo del servicio de agua potable, se localiza en la colonia El Porvenir. “Ahí ni siquiera hay luz. No hay postes de luz, no hay drenaje y yo logré que me conectaran el servicio de agua, pero al poco tiempo me la cortaron y le pusieron un sello, pero ahora a raíz de estos hechos fueron a quitar los sellos y volvieron a conectar el agua, y ahí es donde aduce que hay una fábrica de pinturas”, sostuvo. LOS AMPAROS Referente a los amparos que estuvo tramitando en las instalaciones de Formación y Cambio ciudadano, explicó que acudieron más de 2 mil personas, de las cuales el 50% no tienen el recibo a su nombre, en tanto que otra parte están rentando vivienda y los recibos tampoco llegan a su nombre. “Una vez depurando, quedaron como 450 que sí cumplieron (los requisitos legales) y se logró llevar a hacerles demanda de amparo a ese número de personas, porque en la oficina no tuvimos la capacidad de atención y de respuesta suficiente. El personal que tenemos es muy limitado, los abogados somos cuatro”, comentó. Finalmente, Salgado Aguilar, pidió a Rodolfo Valdez Valdez, que acepte que se le practique una auditoría a externa a la Ciapacov.

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