Representante Legal

jueves, 28 de febrero de 2008

Presentará denuncia penal y civil

Presentarán Denuncia Penal y Civil Contra Rodolfo Valdez •Gabriel Salgado: Formación y Cambio Ciudadano también interpondrá la querella por la vía administrativa contra el funcionario y la Ciapacov •Cuentan con 450 amparos en juicio contra cobro del saneamiento de aguas •Los ríos siguen contaminados, como lo ha demostrado la prensa, asegura

Penélope SANTOS CRUZ

La Asociación Formación y Cambio Ciudadano, mediante un proceso unánime, interpondrá mañana tres denuncias de carácter admi-nistrativo, civil y penal contra el director de la Ciapacov, Rodolfo Valdez Valdez, y contra la propia dependencia intermunicipal.Así lo dio a conocer el dirigente de la organización, Gabriel Salgado Aguilar, quien detalló que la denuncia por la vía administrativa será ante la Comisión de Acceso a la Información del Estado, luego de que el funcionario presuntamente violó la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima.Otra denuncia será por lo civil, por daño moral a la Asociación y de manera personal al dirigente Gabriel Salgado Aguilar, luego de que Valdez Valdez emitió declaraciones temerarias e inexactas, “declaró que yo como presidente y defensor de los usuarios era el mayor deudor en el estado”.Mencionó que también se presentará una demanda penal contra Rodolfo Valdez por “la presunta difamación y por ejercicio indebido de funcionarios”.Agregó que mintió Rodolfo Valdez, “aseguró que yo debía cerca de 30 mil pesos, mediante cuatro fincas, y que obviamente era el mayor deudor del estado, esto de ser cierto o no, el funcionario público no debe de dar datos personales que conforman el patrimonio del ciudadano”, explicó.Mencionó que el Código Penal del Estado de Colima en su Artículo 128, establece que comete el delito de ejercicio indebido “al hacer uso indebido de documentos o información a los que tenga acceso”.Añadió que la fracción cuarta y quinta marca una sanción de dos a siete años de prisión y una multa de hasta noventa unidades e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otra función pública.El Artículo 118 establece que se impondrá prisión de uno a tres años y multa de hasta por 40 unidades a quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause deshonra, descrédito.“Nos ha causado un descrédito y deshonra y la Ley dice de manera clara y contundente que las normas de protección de datos personales del estado de Colima se ha violentado”, sostuvo.El también abogado litigante detalló que el artículo cuarto dice que los servidores públicos que tengan acceso a archivos o datos de carácter personal estarán obligados a mantener la confidencialidad de los mismos y no darlos a conocer a terceros.El artículo sexto de esta misma ley establece: “la sesión de los datos de carácter personal o su comunicación a terceros se regirá por lo siguiente: toda sesión o comunicación a terceros deberá contar con el consentimiento del interesado”.Más adelante, citó el artículo séptimo: “las personas físicas o morales cuyos datos de carácter personal hayan sido integrados a un archivo tendrán los derechos siguientes… mismos que podrán ejercer a través de la ley de protección de datos personales”.Salgado Aguilar enfatizó que se tienen 450 amparos contra el cobro por el saneamiento de aguas y se señalan como responsables al gobierno del estado, al director de la Ciapacov y al Congreso del Estado.“Los dictámenes se han atrasado debido a que no han mandado los informes que el juez federal solicita, si no llegan a tiempo, se aplazan y difieren las audiencias”, comentó.Apuntó que se tiene confianza debido a que la justicia federal es clara y los objetivos para la cual fue creada”.Señaló que el cobro por saneamiento es indebido, pues los ríos y arroyos de Colima siguen contaminados, las pruebas son contundentes, los medios y las personas particulares lo pueden comprobar, el pueblo de Colima seguirá sufriendo la contaminación.Resaltó que el organismo operador actuó equivocadamente al crear el gasto para la instalación de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR).“Lo que tenían que haber hecho es cuidar que no se viertan aguas negras y contaminen los flujos de agua para que estos ríos no produzcan aguas que van a desembocar al río principal que llega hasta el mar”, dijo.Mencionó que el organismo tiene la facultad legal para multar, cancelar permisos, y exigir al ciudadano que no contamine y, en todo caso, el gobierno tendría que cuidar los ríos y multar a quien vierta aguas sucias a los ríos: “es tan sencillo que no comprendo el objetivo recurrir a la iniciativa privada y obligar a los ciudadanos a pagar 19 años una cierta cantidad”.Señaló que el tratamiento se hace río abajo “beneficiará a los productores, pero los que estamos pagando somos los ciudadanos que no vamos a recibir el beneficio”, denunció.Finalmente dijo que siguen las descargas en los cauces de los ríos “y seguirán contaminadas porque éstos pusieron su empresa allá abajo”.

DEMANDAS CONTRA CAVAZOS Y VALDEZ

Demandas Contra Cavazos y Valdez •Salgado: Violan la Ley de Protección de Datos Personales del Estado •Pide el pago de no menos de 750 mil pesos de indemnización por el daño moral que le causaron •La Ciapacov sabe que la contaminación sigue existiendo •La planta tratadora se instaló río abajo de las ciudades de Colima y Villa de Alvarez y no nos sirve de nada.

Penélope SANTOS CRUZ

Gabriel Salgado Aguilar, presidente de la Asociación Formación y Cambio Ciudadano, A.C., presentó una demanda ante el juez de lo civil en contra del gobernador del estado, Silverio Cavazos Ceballos, en su calidad de corresponsable y representante del estado y contra Rodolfo Valdez Valdez, en su carácter de director de la Ciapacov.En la demanda, Salgado Aguilar pide el pago de indemnización de no menos de 750 mil pesos a título de reparación de daño moral que los demandados han ocasionado por los hechos ilícitos por la publicación de datos y circunstancias relativas a su persona y a la sociedad civil.Esto luego de que el 10 de febrero en un medio de comunicación se publicara que Gabriel Salgado tiene adeudos con el organismo paraestatal de más de 28 mil pesos.Gabriel Salgado demanda por una difusión ilícita y además de no estar sujetos a la Ley de Transparencia Pública, “yo no soy servidor público, sino un ciudadano particular. Se necesita mi autorización expresa para divulgar información personal”.La Ley de Protección de Datos Personales del Estado indica de manera relevante que para dar a conocer un dato personal se requiere del consen-timiento expreso del particular, señala la demanda.La compensación que pide Gabriel Salgado, toma en cuenta el grado de responsabilidad de los demandados, la gravedad del daño ocasionado, los derechos lesionados y la situación económica de los responsables.En la demanda Salgado señala que “con una actitud totalmente fuera de toda lógica, respeto y congruencia, nosotros consideramos también de legalidad, el ciudadano director de Ciapacov, Rodolfo Valdez, procedió a proveer información para que se publicara, de todos los presuntos adeudos que tengo el suscrito, ocasionando con ello un severo descrédito y daño moral, no sólo a mi persona, sino también a la persona moral que represento, pues con ese carácter y en esa calidad, dicho funcionario emite su doloso comunicado, tal vez con el objeto de intimidar o desacreditar”.Añade que además se refieren a su persona en forma totalmente despectiva.En concreto -dice otra parte de la demanda- los demandados han cometido una conducta ilícita, consistente en la violación del artículo Sexto Constitucional, ya que en ejercicio excesivo y lesivo de la libertad de expresión e información, imputan en forma ilegal al suscrito hechos temerarios y declaran en forma despectiva sobre nuestra persona, atentando así en contra nuestra. Además de que violan la Ley de Protección de Datos Personales del Estado.También señala que “esta demanda fundamentalmente tiene su sustento en que, sin causa jurídica o material, ha sido lesionada en sus derechos la personalidad del suscrito y de la asociación que represento, así como afectados su honor y reputación, lo cual lesiona y afecta su integridad moral; situación que no debemos soportar el suscrito y la persona moral representada, pues acarrea consecuencias indeseables en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto pública como privada”.Por esto, entre otras cosas, Gabriel Salgado pide al juez de lo civil en turno emplazar a los codemandados para que contesten la demanda dentro del término de ley si tuvieren excepciones para ello, corriéndoles traslado de la demanda con las copias simples que se acompañan. DEMANDA ADMINISTRATIVAPreviamente, en punto de las 13:30 horas, Gabriel Salgado interpuso otra demanda, ésta de juicio administrativo, en contra del organismo operador Ciapacov y de su director Rodolfo Valdez Valdez, ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Colima. La recibió su secretario de acuerdos, Ricardo Alfaro de Anda.Salgado Aguilar junto con su representante legal Rocío Azucena Gómez Ramírez, manifiesta en la demanda que tanto Ciapacov como el gobernador decidieron proponer al Congreso del Estado la creación de un nuevo cobro, derecho o impuesto denominado saneamiento: “dicho cobro a criterio del suscrito y de esta asociación resulta totalmente injusto, desproporcionado e inequitativo, más allá de considerar que también adolece de falta de legalidad, por ser competencia de los municipios”.Añade que la Asociación considera necesario plantear estos antecedentes a la autoridad federal a través de la vía de amparos a fin de conseguir que dichos actos sean revisados y declarado si se ajustan totalmente a derecho conforme las garantías constitucionales que asisten a los gobernados y si no, se declare lo procedente.Recuerda también que la asociación interpuso más de 400 juicios de amparo, que se encuentran en trámite y en vías de resolverlos.En esta demanda Salgado retoma el hecho de que Rodolfo Valdez Valdez fue demandado por proveer información para que se publicara de todos los presuntos adeudos, publicada el pasado 10 de febrero.La conducta o hechos anteriores señalados, continúa la demanda, transgreden o violan diversas normas que tutelan y garantizan el respeto, legalidad y seguridad de todos los ciudadanos establecidas en la constitución, el código penal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Colima.Entrevistado luego de presentar esta demanda Salgado Aguilar, señaló que la Asociación busca proteger a la ciudadanía, mediante la enseñanza de los derechos y obligaciones. “Buscamos que el sector público, el gobierno municipal, estatal y federal, asuman su papel de respeto y actuación conforme a justicia”.“Ningún funcionario de ningún nivel así sea el propio presidente de la República debe darse por sentido, por molesto o por aludido y reaccionar de manera intimidante o tratando de lesionar los intereses de cualquier ciudadano en nuestro país que es México”, enfatizó.RECURSOS DE AMPAROSi más personas quieren ejercer el amparo para el pago de saneamiento, Salgado Aguilar dijo que los propios partidos políticos tienen recursos económicos y patrimonios propios mediante abogados y jurídicos que pueden promoverlos.“Los partidos en el poder como el PAN, PRD y los del PRI, no quieren defender a la ciudadanía, pues ellos sólo ven compromisos de otro tipo y me da tristeza que no han querido hacerlo por ignorancia, compromisos o intereses”.“Hay modo de seguir en la defensa de usuarios mediante despachos jurídicos gratuitos, me llama la atención que los partidos políticos que tienen representantes federales, no creo que no sepan, no quieren y no pueden por razones y compromisos”.Recordó que el grupo de abogados de la asociación ofreció a los de oposición ayudarles a integrar y formar el recurso de revisión constitucional y no quisieron hacerlo.MAL PROCEDIMIENTO Gabriel Salgado dijo que la Ciapacov tomó una medida equivocada “saben que la contaminación sigue existiendo y la seguimos sufriendo lo que debían de haber hecho, tanto el ayuntamiento como la Ciapacov, era ponerse de acuerdo con los usuarios de esta agua, porque se habla de que se beneficia a más de 15 mil hectáreas permitiendo buenos riegos y buenos frutos”.El presidente de la Asociación mencionó que la planta tratadora de las aguas se instaló río abajo de las ciudades de Colima y Villa de Alvarez.“No nos sirve de nada, pero a los productores les dará beneficio y les hubieran dicho: señores ahora les vamos a proporcionar un agua de calidad que va a servir para que produzcan y queremos que se mochen, queremos que paguen por metros cúbicos o por horas como se cobra el agua”. Insistió en que Colima y Villa de Alvarez siguen con contaminación, siguen los ductos no conectados a la laguna de oxidación, siguen las descargas a los ríos, se les rompen los tubos que ponen.Relató que Ciapacov y gobierno podrían obtener recursos multando o cobrando algún impuesto a quienes hacen descargas o que no cumplen la ley, “sobre todo cerrando las descarga de aguas contaminadas protegiendo la salud de las dos ciudades”.Se tienen los instrumentos legales con inspectores y policías para que vigilen los cauces de los ríos, las descargas de industrias y negocios grandes con sanciones y contribuciones, finalizó Salgado Aguilar.