Presentará denuncia penal y civil

Presentarán Denuncia Penal y Civil Contra Rodolfo Valdez •Gabriel Salgado: Formación y Cambio Ciudadano también interpondrá la querella por la vía administrativa contra el funcionario y la Ciapacov •Cuentan con 450 amparos en juicio contra cobro del saneamiento de aguas •Los ríos siguen contaminados, como lo ha demostrado la prensa, asegura

Penélope SANTOS CRUZ

La Asociación Formación y Cambio Ciudadano, mediante un proceso unánime, interpondrá mañana tres denuncias de carácter admi-nistrativo, civil y penal contra el director de la Ciapacov, Rodolfo Valdez Valdez, y contra la propia dependencia intermunicipal.Así lo dio a conocer el dirigente de la organización, Gabriel Salgado Aguilar, quien detalló que la denuncia por la vía administrativa será ante la Comisión de Acceso a la Información del Estado, luego de que el funcionario presuntamente violó la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima.Otra denuncia será por lo civil, por daño moral a la Asociación y de manera personal al dirigente Gabriel Salgado Aguilar, luego de que Valdez Valdez emitió declaraciones temerarias e inexactas, “declaró que yo como presidente y defensor de los usuarios era el mayor deudor en el estado”.Mencionó que también se presentará una demanda penal contra Rodolfo Valdez por “la presunta difamación y por ejercicio indebido de funcionarios”.Agregó que mintió Rodolfo Valdez, “aseguró que yo debía cerca de 30 mil pesos, mediante cuatro fincas, y que obviamente era el mayor deudor del estado, esto de ser cierto o no, el funcionario público no debe de dar datos personales que conforman el patrimonio del ciudadano”, explicó.Mencionó que el Código Penal del Estado de Colima en su Artículo 128, establece que comete el delito de ejercicio indebido “al hacer uso indebido de documentos o información a los que tenga acceso”.Añadió que la fracción cuarta y quinta marca una sanción de dos a siete años de prisión y una multa de hasta noventa unidades e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otra función pública.El Artículo 118 establece que se impondrá prisión de uno a tres años y multa de hasta por 40 unidades a quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause deshonra, descrédito.“Nos ha causado un descrédito y deshonra y la Ley dice de manera clara y contundente que las normas de protección de datos personales del estado de Colima se ha violentado”, sostuvo.El también abogado litigante detalló que el artículo cuarto dice que los servidores públicos que tengan acceso a archivos o datos de carácter personal estarán obligados a mantener la confidencialidad de los mismos y no darlos a conocer a terceros.El artículo sexto de esta misma ley establece: “la sesión de los datos de carácter personal o su comunicación a terceros se regirá por lo siguiente: toda sesión o comunicación a terceros deberá contar con el consentimiento del interesado”.Más adelante, citó el artículo séptimo: “las personas físicas o morales cuyos datos de carácter personal hayan sido integrados a un archivo tendrán los derechos siguientes… mismos que podrán ejercer a través de la ley de protección de datos personales”.Salgado Aguilar enfatizó que se tienen 450 amparos contra el cobro por el saneamiento de aguas y se señalan como responsables al gobierno del estado, al director de la Ciapacov y al Congreso del Estado.“Los dictámenes se han atrasado debido a que no han mandado los informes que el juez federal solicita, si no llegan a tiempo, se aplazan y difieren las audiencias”, comentó.Apuntó que se tiene confianza debido a que la justicia federal es clara y los objetivos para la cual fue creada”.Señaló que el cobro por saneamiento es indebido, pues los ríos y arroyos de Colima siguen contaminados, las pruebas son contundentes, los medios y las personas particulares lo pueden comprobar, el pueblo de Colima seguirá sufriendo la contaminación.Resaltó que el organismo operador actuó equivocadamente al crear el gasto para la instalación de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR).“Lo que tenían que haber hecho es cuidar que no se viertan aguas negras y contaminen los flujos de agua para que estos ríos no produzcan aguas que van a desembocar al río principal que llega hasta el mar”, dijo.Mencionó que el organismo tiene la facultad legal para multar, cancelar permisos, y exigir al ciudadano que no contamine y, en todo caso, el gobierno tendría que cuidar los ríos y multar a quien vierta aguas sucias a los ríos: “es tan sencillo que no comprendo el objetivo recurrir a la iniciativa privada y obligar a los ciudadanos a pagar 19 años una cierta cantidad”.Señaló que el tratamiento se hace río abajo “beneficiará a los productores, pero los que estamos pagando somos los ciudadanos que no vamos a recibir el beneficio”, denunció.Finalmente dijo que siguen las descargas en los cauces de los ríos “y seguirán contaminadas porque éstos pusieron su empresa allá abajo”.