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lunes, 3 de marzo de 2008

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Gobierno Actuó con Negligencia en el Caso de la Planta de Tratamiento •Salgado Aguilar: Es un error que cometieron y que nos cuesta a todos los usuarios •Estimó que para este mes se dé la resolución de los amparos •Prevé fallo a favor de los que se ampararon
Hugo Ramírez Pulido

El presidente de la Asociación Formación y Cambio Ciudadano A.C., Gabriel Salgado Aguilar, informó que el gobierno del estado realizó un acto grave de negligencia al no haber usado los recursos federales para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).“Pensando mal, se podría decir que al gobierno le conviene hacer más una obra con un privado que una obra donde me va a fiscalizar la Federación. Por supuesto que es una negligencia muy grave que nos cuesta a nosotros y no es justo”, explicó. Detalló que para el caso de la PTAR se le debe de pedir a la Contaduría Mayor de Hacienda que verifique y clarifique la licitación y los costos, ya que, en estados como Zacatecas, las plantas han resultado de menor costo, aun con mayor capacidad.En ese sentido, explicó que existe cierta confusión en la comisión para el problema del cobro por saneamiento, conformada por diputados, “resultó que se avocaron a estar enseñando legajos de hojas, todo se refería al cómo se licitó y cómo se concretó esa obra y sus costos”.Asimismo, dijo que además el gobernador estableció que su gobierno es transparente, “pero son palabras que tienen que corroborarse con los hechos, que es valioso y sano que los diputados se metan a ello”.Agregó que resulta importante identificar a quién le corresponde pagar la cuota de saneamiento, por lo que la asociación que dirige ha llevado a cabo más de 400 juicios, con la finalidad de que un juez federal verifique la legalidad y la procedencia de este tipo de cobros.Salgado Aguilar detalló que el servicio de agua lo pagan los colimenses al gobierno por haberlo entubado y hacerlo llegar a cada una de las casas.“El gobierno sabe que la compramos para usarla y por ende ensuciarla, pero el gobierno tira unos tubos por debajo de la tierra y nos cobra por tirarla, el cual es otro cobro por alcantarillado o drenaje”, explicó.En ese sentido, apuntó que posteriormente el gobierno y sus socios privados o particulares construyen la Planta de Tratamiento para sanear el agua y deciden regalarla para beneficiar de 15 a 20 mil hectáreas ubicadas en los municipios de Coquimatlán, Tecomán y Armería.Recalcó que el problema no es que el agua saneada se destine a los cultivos, sino que la gravedad radica en que el cobro se realice a los habitantes de la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez y no precisamente a quienes serán los beneficiados.“Por qué nos pasan la factura a nosotros; eso no es equitativo, lo que el gobierno pretende hacer con nosotros”, apuntó. Referente a los amparos, estimó que por la gran cantidad que hubo han tenido retrasos en los informes que se deben justificar, por lo que calculó que en la segunda quincena del mes de marzo ya se tenga el resolutivo. Finalmente dijo que se tiene previsto un fallo a favor de las personas que se ampararon.

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