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Interpondrá Salgado Queja por la Concesión del Saneamiento •Afirma que fue irregular el proceso de adjudicación de la planta •Recurrirá al Tribunal Colegiado de Circuito de Guadalajara para revisión de amparos
Juan Carlos Flores Carrillo
Debido a que el proceso de adjudicación del servicio de saneamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) fue ilegal, el presidente de la Asociación Formación y Cambio Ciudadano, Gabriel Salgado Aguilar, interpondrá una queja ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la irregularidad en que incurrió el Gobierno del Estado.Salgado explicó que el titular del Ejecutivo, Silverio Cavazos Ceballos, disfrazó como contrato de servicios la concesión en los hechos de la PTAR, porque incurrió en una irregularidad, ya que se debió aprobar por los cabildos de Colima y Villa de Álvarez, además de que el gobernador debió firmar el contrato “y solamente está su signatura como testigo”. El simular la concesión, continuó Salgado, no lo exime al gobernador como presidente del consejo administrativo de la Ciapacov de cumplir con los requisitos que marca la Constitución del Estado y la Ley Estatal de Aguas.Para poder hacer una concesión, insistió, debe ser aprobada por las dos terceras partes de los cabildos y pasar por el Congreso, sobre todo cuando sobrepasa el tiempo de un período de gobierno, ya que el tiempo del contrato de la PTAR es a 20 años.Declaró que las autoridades fincaron en su argumento que el concesionario es el que pone las tarifas, “un ejemplo son los taxistas, que son una concesión de gobierno, ellos prestan el servicio y es el gobierno quien establece las tarifas”, aclaró. A su vez, informó que el juez segundo de distrito sobreselló 70 de los 450 amparos promovidos por la asociación Formación y Cambio Ciudadano A.C., sin embargo, insistirán en el Tribunal Colegiado de Circuito en Guadalajara, “eso apenas empieza”, advirtió.Aclaró que la justicia federal desestimó el argumento de que el gasto no le corresponde pagarlo a los ciudadanos de Colima y Villa de Álvarez, “este producto (el agua) que viene de Zacualpan, lo vende el gobierno, los ciudadanos lo pagan y lo utilizamos, ese volumen de agua que ya es nuestro, tenemos que desecharlo y el gobierno nos cobra por tirarlo por unas líneas de alcantarillado”.Detalló que la empresa privada que se dedica a sanearla no debería cobrar, porque no va acorde con las garantías de los ciudadanos, “ya pagamos por esa agua, y lo que hagan con ella sería cobrárnoslo doble o triple”, concluyó.

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Gobierno Actuó con Negligencia en el Caso de la Planta de Tratamiento •Salgado Aguilar: Es un error que cometieron y que nos cuesta a todos los usuarios •Estimó que para este mes se dé la resolución de los amparos •Prevé fallo a favor de los que se ampararon

Hugo Ramírez Pulido

El presidente de la Asociación Formación y Cambio Ciudadano A.C., Gabriel Salgado Aguilar, informó que el gobierno del estado realizó un acto grave de negligencia al no haber usado los recursos federales para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).“Pensando mal, se podría decir que al gobierno le conviene hacer más una obra con un privado que una obra donde me va a fiscalizar la Federación. Por supuesto que es una negligencia muy grave que nos cuesta a nosotros y no es justo”, explicó. Detalló que para el caso de la PTAR se le debe de pedir a la Contaduría Mayor de Hacienda que verifique y clarifique la licitación y los costos, ya que, en estados como Zacatecas, las plantas han resultado de menor costo, aun con mayor capacidad.En ese sentido, explicó que existe cierta confusión en la comisión para el problema del cobro por saneamiento, conformada por diputados, “resultó que se avocaron a estar enseñando legajos de hojas, todo se refería al cómo se licitó y cómo se concretó esa obra y sus costos”.Asimismo, dijo que además el gobernador estableció que su gobierno es transparente, “pero son palabras que tienen que corroborarse con los hechos, que es valioso y sano que los diputados se metan a ello”.Agregó que resulta importante identificar a quién le corresponde pagar la cuota de saneamiento, por lo que la asociación que dirige ha llevado a cabo más de 400 juicios, con la finalidad de que un juez federal verifique la legalidad y la procedencia de este tipo de cobros.Salgado Aguilar detalló que el servicio de agua lo pagan los colimenses al gobierno por haberlo entubado y hacerlo llegar a cada una de las casas.“El gobierno sabe que la compramos para usarla y por ende ensuciarla, pero el gobierno tira unos tubos por debajo de la tierra y nos cobra por tirarla, el cual es otro cobro por alcantarillado o drenaje”, explicó.En ese sentido, apuntó que posteriormente el gobierno y sus socios privados o particulares construyen la Planta de Tratamiento para sanear el agua y deciden regalarla para beneficiar de 15 a 20 mil hectáreas ubicadas en los municipios de Coquimatlán, Tecomán y Armería.Recalcó que el problema no es que el agua saneada se destine a los cultivos, sino que la gravedad radica en que el cobro se realice a los habitantes de la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez y no precisamente a quienes serán los beneficiados.“Por qué nos pasan la factura a nosotros; eso no es equitativo, lo que el gobierno pretende hacer con nosotros”, apuntó. Referente a los amparos, estimó que por la gran cantidad que hubo han tenido retrasos en los informes que se deben justificar, por lo que calculó que en la segunda quincena del mes de marzo ya se tenga el resolutivo. Finalmente dijo que se tiene previsto un fallo a favor de las personas que se ampararon.