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Interpondrá Salgado Queja por la Concesión del Saneamiento •Afirma que fue irregular el proceso de adjudicación de la planta •Recurrirá al Tribunal Colegiado de Circuito de Guadalajara para revisión de amparos
Juan Carlos Flores Carrillo
Debido a que el proceso de adjudicación del servicio de saneamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) fue ilegal, el presidente de la Asociación Formación y Cambio Ciudadano, Gabriel Salgado Aguilar, interpondrá una queja ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la irregularidad en que incurrió el Gobierno del Estado.Salgado explicó que el titular del Ejecutivo, Silverio Cavazos Ceballos, disfrazó como contrato de servicios la concesión en los hechos de la PTAR, porque incurrió en una irregularidad, ya que se debió aprobar por los cabildos de Colima y Villa de Álvarez, además de que el gobernador debió firmar el contrato “y solamente está su signatura como testigo”. El simular la concesión, continuó Salgado, no lo exime al gobernador como presidente del consejo administrativo de la Ciapacov de cumplir con los requisitos que marca la Constitución del Estado y la Ley Estatal de Aguas.Para poder hacer una concesión, insistió, debe ser aprobada por las dos terceras partes de los cabildos y pasar por el Congreso, sobre todo cuando sobrepasa el tiempo de un período de gobierno, ya que el tiempo del contrato de la PTAR es a 20 años.Declaró que las autoridades fincaron en su argumento que el concesionario es el que pone las tarifas, “un ejemplo son los taxistas, que son una concesión de gobierno, ellos prestan el servicio y es el gobierno quien establece las tarifas”, aclaró. A su vez, informó que el juez segundo de distrito sobreselló 70 de los 450 amparos promovidos por la asociación Formación y Cambio Ciudadano A.C., sin embargo, insistirán en el Tribunal Colegiado de Circuito en Guadalajara, “eso apenas empieza”, advirtió.Aclaró que la justicia federal desestimó el argumento de que el gasto no le corresponde pagarlo a los ciudadanos de Colima y Villa de Álvarez, “este producto (el agua) que viene de Zacualpan, lo vende el gobierno, los ciudadanos lo pagan y lo utilizamos, ese volumen de agua que ya es nuestro, tenemos que desecharlo y el gobierno nos cobra por tirarlo por unas líneas de alcantarillado”.Detalló que la empresa privada que se dedica a sanearla no debería cobrar, porque no va acorde con las garantías de los ciudadanos, “ya pagamos por esa agua, y lo que hagan con ella sería cobrárnoslo doble o triple”, concluyó.