Perspectiva Política y algo más…
*¿Qué hacer con nuestros legisladores? *¿Y los responsables de las grandes tragedias?
Artículo 109 Constitucional.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
I.-Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas;
II.-La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal, y
III.- Se aplicará sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.
Artículo 110 Constitucional.- Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión.
La mayoría de los mexicanos estamos enterados que los Legisladores Federales comandados desde las sombras y subterfugios de las dirigencias de sus partidos se la pasaron negociando con el ejecutivo federal, (entiéndase Presidente de la república, Felipe Calderón) los intereses y conveniencias que cada cual tienen como prioridad. Todo esto llevó a la conclusión que había que destrozar a una de las instituciones de mayor prestigio nacional e internacional (el IFE) que hemos generado los mexicanos, con el objeto para unos de justificar su derrota y saciar su sed de venganza; también para otros obtener una reforma fiscal y judicial plagada de inconsistencias y retrocesos como aquellos que consisten en poner en manos de cientos de miles de policías nuestra privacidad de nuestros hogares y la información de los haberes, sobre todo bancarios de cada ciudadano, para que éstas mentes “prestigiadas y maduras” puedan disponer a su criterio de tan preciados derechos y garantías que tantas luchas y vidas costaron a nuestros antepasados conseguir para nosotros; de este tamaño son las negociaciones de los nuevos dueños de México que cual vil trácala orgullosamente presumen que ahora sí hay acuerdos, que ahora ya no hay inmovilismo y que con éstas acciones demuestran cuán ansiosos están de servir y sacrificarse por su pueblo, pero cualquier ser humano puede advertir que si inmovilismo legislativo es que no me agredan, que me hagan retroceder y la nueva movilidad legislativa es que vayamos para atrás, que perdamos garantías individuales, que perdamos la fuerza o eficacia de la institución electoral (IFE), pues mil veces que siga el inmovilismo legislativo; porque si hay movimiento para agredir o robar, mejor que no haya movimiento, puede perder más la nación y los mexicanos con estas medidas que todos los sueldos de estos desaforados legisladores, por eso más vale que no hagan algo si no lo hacen bien, no le hace que nos cuesten nuestros impuestos. Pero hay algo más: resulta que los ínclitos legisladores agotados de tanto “legislar, gritar y alegar” les urgía irse de vacaciones y violando por acción u omisión lo estipulado en las propias reformas malhechas que generaron en su artículo 4° transitorio constitucional que les impone el plazo para tener remendado a su nuevo engendro de (IFE) pues simplemente dijeron: “vámonos a descansar” con los pequeños aguinaldos y prestaciones anuales que nos hemos autoimpuesto. ¿Y su responsabilidad? ¿Y sus faltas u omisiones graves como ésta? ¡ah!... el pueblo no sabe y los que saben, ¡que se aguanten! ¿Cómo la ve estimado lector? Cualquier profesional o persona conocedora elementalmente del derecho sabe que estos hechos o conductas son motivo de juicio político y por ende debe aplicárseles o iniciárseles un juicio político a éstos alegres e irresponsables diputados y en su caso llamar a sus suplentes para que ejerzan el cargo de representantes federales con apego estricto a la ley. Pero lo anterior sólo quedará en el anecdotario histórico que constituyen todas las agresiones e incongruencias de que es objeto el pueblo.
¿Y LOS RESPONSABLES?
Dice un dicho de pueblo que “la cuchara saca lo que la olla tiene” y esto viene a colación porque en nuestro país hemos sufrido grandes tragedias, grandes agravios sociales provocados desde luego por la negligencia o malas acciones (corrupción, prepotencia, abuso) de nuestros gobernantes y jamás son castigados ni obligados a resarcir daños y perjuicios o al menos regresar algo de lo que se llevan de las arcas públicas o grandes negocios que hicieron a la sombra de los puestos públicos ejercidos de manera personal o a través de terceros prestanombres.
En los medios de comunicación se está informando en esta semana que los asesinados en Acteal (45 campesinos y campesinas) masacrados sin motivo o razón conocida hasta hoy, que apenas se citó a declarar el entonces gobernante estatal, Ángel Rivero, dizque para deslindar responsabilidades en estos hechos horrendos, hechos sucedidos hace ya 10 años. Viene a mi mente, ¿qué pensarán quienes en ese entonces apenas eran unos niños y/o adolescentes y ahora son ya unos jóvenes mayores de edad?; también apenas hace no más de dos meses los mexicanos pudimos enterarnos y compartir la dolorosa tragedia de las inundaciones en Tabasco, así como la desaparición completa de un pequeño pueblo de Chiapas y altos funcionarios formaron comisiones para investigar y deslindar responsabilidades, al igual que en los sucesos de Acteal que por cierto hasta la Corte Suprema del país intervino, y como en el caso de la periodista Lidia Cacho, no hubo suficientes elementos para pronunciarse y condenar, por tratarse de pececillos gordos y de cuello blanco; y por cierto que para los ministros se hallaron dizque una razón que los protege diciendo y aduciendo “nosotros no buscamos la popularidad, sino la alta aplicación de la ley”, lo anterior para calmar al pueblo que no entendemos de dizque la suprema justicia, ¿cómo la ve amable lector? Pero en fin, decíamos que así como hace más de una década y hace apenas dos meses, en México las tragedias y agravios sociales nunca tienen nombre y apellido y nunca se aclaran ni se castigan, ¡ah! Pero eso sí, pregúntenle a los tiangueros, a los que venden o reproducen discos, a los raterillos o a los que consumen enervantes, cómo les va cuando se les cruzan a los altos tribunales o dependencias policiales, ahí sí hay todo el rigor y toda la eficacia de nuestras insignes institucionales justicieras; y en las grandes tragedias ¿por qué no se encuentran culpables? ¡Adivinó usted!... porque los responsables son del mismo equipo y se tienen que tapar a como de lugar.
Gabriel Salgado Aguilar
*¿Qué hacer con nuestros legisladores? *¿Y los responsables de las grandes tragedias?
Artículo 109 Constitucional.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
I.-Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas;
II.-La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal, y
III.- Se aplicará sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.
Artículo 110 Constitucional.- Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión.
La mayoría de los mexicanos estamos enterados que los Legisladores Federales comandados desde las sombras y subterfugios de las dirigencias de sus partidos se la pasaron negociando con el ejecutivo federal, (entiéndase Presidente de la república, Felipe Calderón) los intereses y conveniencias que cada cual tienen como prioridad. Todo esto llevó a la conclusión que había que destrozar a una de las instituciones de mayor prestigio nacional e internacional (el IFE) que hemos generado los mexicanos, con el objeto para unos de justificar su derrota y saciar su sed de venganza; también para otros obtener una reforma fiscal y judicial plagada de inconsistencias y retrocesos como aquellos que consisten en poner en manos de cientos de miles de policías nuestra privacidad de nuestros hogares y la información de los haberes, sobre todo bancarios de cada ciudadano, para que éstas mentes “prestigiadas y maduras” puedan disponer a su criterio de tan preciados derechos y garantías que tantas luchas y vidas costaron a nuestros antepasados conseguir para nosotros; de este tamaño son las negociaciones de los nuevos dueños de México que cual vil trácala orgullosamente presumen que ahora sí hay acuerdos, que ahora ya no hay inmovilismo y que con éstas acciones demuestran cuán ansiosos están de servir y sacrificarse por su pueblo, pero cualquier ser humano puede advertir que si inmovilismo legislativo es que no me agredan, que me hagan retroceder y la nueva movilidad legislativa es que vayamos para atrás, que perdamos garantías individuales, que perdamos la fuerza o eficacia de la institución electoral (IFE), pues mil veces que siga el inmovilismo legislativo; porque si hay movimiento para agredir o robar, mejor que no haya movimiento, puede perder más la nación y los mexicanos con estas medidas que todos los sueldos de estos desaforados legisladores, por eso más vale que no hagan algo si no lo hacen bien, no le hace que nos cuesten nuestros impuestos. Pero hay algo más: resulta que los ínclitos legisladores agotados de tanto “legislar, gritar y alegar” les urgía irse de vacaciones y violando por acción u omisión lo estipulado en las propias reformas malhechas que generaron en su artículo 4° transitorio constitucional que les impone el plazo para tener remendado a su nuevo engendro de (IFE) pues simplemente dijeron: “vámonos a descansar” con los pequeños aguinaldos y prestaciones anuales que nos hemos autoimpuesto. ¿Y su responsabilidad? ¿Y sus faltas u omisiones graves como ésta? ¡ah!... el pueblo no sabe y los que saben, ¡que se aguanten! ¿Cómo la ve estimado lector? Cualquier profesional o persona conocedora elementalmente del derecho sabe que estos hechos o conductas son motivo de juicio político y por ende debe aplicárseles o iniciárseles un juicio político a éstos alegres e irresponsables diputados y en su caso llamar a sus suplentes para que ejerzan el cargo de representantes federales con apego estricto a la ley. Pero lo anterior sólo quedará en el anecdotario histórico que constituyen todas las agresiones e incongruencias de que es objeto el pueblo.
¿Y LOS RESPONSABLES?
Dice un dicho de pueblo que “la cuchara saca lo que la olla tiene” y esto viene a colación porque en nuestro país hemos sufrido grandes tragedias, grandes agravios sociales provocados desde luego por la negligencia o malas acciones (corrupción, prepotencia, abuso) de nuestros gobernantes y jamás son castigados ni obligados a resarcir daños y perjuicios o al menos regresar algo de lo que se llevan de las arcas públicas o grandes negocios que hicieron a la sombra de los puestos públicos ejercidos de manera personal o a través de terceros prestanombres.
En los medios de comunicación se está informando en esta semana que los asesinados en Acteal (45 campesinos y campesinas) masacrados sin motivo o razón conocida hasta hoy, que apenas se citó a declarar el entonces gobernante estatal, Ángel Rivero, dizque para deslindar responsabilidades en estos hechos horrendos, hechos sucedidos hace ya 10 años. Viene a mi mente, ¿qué pensarán quienes en ese entonces apenas eran unos niños y/o adolescentes y ahora son ya unos jóvenes mayores de edad?; también apenas hace no más de dos meses los mexicanos pudimos enterarnos y compartir la dolorosa tragedia de las inundaciones en Tabasco, así como la desaparición completa de un pequeño pueblo de Chiapas y altos funcionarios formaron comisiones para investigar y deslindar responsabilidades, al igual que en los sucesos de Acteal que por cierto hasta la Corte Suprema del país intervino, y como en el caso de la periodista Lidia Cacho, no hubo suficientes elementos para pronunciarse y condenar, por tratarse de pececillos gordos y de cuello blanco; y por cierto que para los ministros se hallaron dizque una razón que los protege diciendo y aduciendo “nosotros no buscamos la popularidad, sino la alta aplicación de la ley”, lo anterior para calmar al pueblo que no entendemos de dizque la suprema justicia, ¿cómo la ve amable lector? Pero en fin, decíamos que así como hace más de una década y hace apenas dos meses, en México las tragedias y agravios sociales nunca tienen nombre y apellido y nunca se aclaran ni se castigan, ¡ah! Pero eso sí, pregúntenle a los tiangueros, a los que venden o reproducen discos, a los raterillos o a los que consumen enervantes, cómo les va cuando se les cruzan a los altos tribunales o dependencias policiales, ahí sí hay todo el rigor y toda la eficacia de nuestras insignes institucionales justicieras; y en las grandes tragedias ¿por qué no se encuentran culpables? ¡Adivinó usted!... porque los responsables son del mismo equipo y se tienen que tapar a como de lugar.
Gabriel Salgado Aguilar
1 comentario:
Hola, muy interesante el articulo, saludos desde Argentina!
Publicar un comentario